miércoles, 16 de agosto de 2017

CONVENCION DE MINAMATA SOBRE MERCURIO ENTRA EN VIGOR



Convención de Minamata sobre Mercurio (2013) entra en vigor

Este 16 de agosto del 2017, entró en vigor la Convención sobre Mercurio suscrita en el 2013, adoptada en la localidad japonesa de Kumamoto. Kumamoto es la pequeña ciudad en la que la se ubicó la corporación Chisso que optó por vertir grandes cantidades de mercurio en los años 40 y 50, impactando la Bahía de Minamata, y sus pobladores. Minamata alude a esa pequeña comunidad costera japonesa que se dió a conocer mundialmente cuando se confirmó en 1956 una de las peores tragedias humanas causadas por este metal pesado, al consumir sus integrantes peces con altos niveles de mercurio.

Foto extráída de presentación de la Dra. Astrid Andersen (Dinamarca), "La enfermedad de Minamata", filmina 24. Presentación disponible aquí.

En este estudio sobre los alcances en Japón de la enfermedad de Minamata y las acciones legales que se debieron de interponer para obtener compensaciones para las víctimas, se lee que:

" Hasta finales de mayo del 2013, el número total de pacientes certificados era de 2.977 (1.784 en la Prefectura de Kumamoto, 491 en la Prefectura de Kagoshima y 702 en la Prefectura de Niigata), de los cuales 646 (330 en la Prefectura de Kumamoto, 130 en la Prefectura de Kagoshima, y 186 en la Prefectura de Niigata) siguen con vida. Mientras tanto, el 16 de abril de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia para dos casos que demandan la anulación de las decisiones respectivas del gobierno de rechazar la solicitud de la certificación bajo la Ley de Indemnización" (página 10).

La Convención sobre Mercurio en breve

El convenio (véase texto y anexos, versión en español) establece una serie de obligaciones para prevenir daños a la salud humana en los Estados partes causados por el mercurio limitando o prohibiendo su uso. El artículo 7 refiere a obligaciones relacionadas a la extracción de oro artesanal y a pequeña escala. Se preve un sistema de limitaciones progresivas a la producción e importación de ciertos productos que contienen mercurio. Al respecto, la fecha del 2020 estipulada en el Anexo 1 obliga a tomar medidas comerciales a mediano plazo.

Este instumento obliga a los Estados a regular y limitar el uso del mercurio. En este informe de las autoridades chilenas del 2009 titulado "Plan Nacional para la Gestión de los Riesgos del Mercurio" (véase texto completo), se leía que:

"En Chile actualmente no se producen productos con contenido de mercurio, por lo tanto, el mayor problema radica en la importación de éstos. Los principales productos importados y que contienen mercurio son pilas, termómetros, manómetros, medidores, barómetros, sensores, interruptores, fuentes de luz con mercurio, productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, químicos y equipos de laboratorio. En todos los casos, no existe regulación para el ingreso y/o contenido de este metal"(página 14).

A la fecha de su entrada en vigor, este convenio internacional de Minamata cuenta con 128 firmas y 74 ratificaciones (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En América Latina, después de Uruguay, primero en la región en ratificar esta convención (setiembre del 2014), seguido por Nicaragua (octubre del 2014), figuran como Estados Partes Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Perú. En este enlace está disponible un informe sobre la implementación de este instrumento internacional en América Latina y en el Caribe.

Como se puede apreciar, con la notable excepción de Guatemala, Centroamérica es parte de este novedoso instrumento, que llama a reforzar la cooperación para limitar el comercio del mercurio. No es el caso de la región andina, en la que Chile y Colombia han optado por no someterse (aún) a este tratado. Recientemente, en Costa Rica, las autoridades detectaron que el mercurio usado por quiénes se dedican a la minería artesanal ilegal proviene de Nicaragua (véase nota reciente de La Nación).

Mercurio y otros metales pesados y salud humana

Según la descripción dada por la Oficina de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA), "Mercury emissions know no national or continental boundaries. Mercury emitted into the air can travel thousands of miles in the atmosphere before it is eventually deposited back to the earth in rainfall or in dry gaseous form" (véase ficha técnica). Se considera que los mayores productores de mercurio a nivel global son España, seguida por Kirguistán, Argelia y China.

Sobre los daños a la salud humana del mercurio, véase daños y patologías asociadas al mercurio, reseñadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este último enlace, se lee que:

"La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos".

El mercurio, al igual que otros metales pesados, suele ser absorbido por el ser humano en cantidades que superan los valores mínimos al estar expuesto a sustancias químicas que lo contienen, como vapores, polvo de ciertos cementos, aceites y grasas y otras sustancias químicas usadas en la industria, o bien al consumir agua contaminada o productos del mar u otros, a través del fenómeno conocido como "bioacumulación", entre otras formas de ingerirlo.

Con relación a otro metal pesado, el plomo, se lee en este "Manual de Pruebas Neuroconductuales" (véase texto completo) publicado en Costa Rica en el año 2000 y cuya lectura recomendamos al ser Costa Rica uno de los mayores importadores de plaguicidas en América Latina, que:

"Un ejemplo de un efecto neurotóxico temprano es la disminución del coeficiente de inteligencia (CI) en niños con niveles elevados de plomo en la sangre. Un gran número de estudios ha puesto en evidencia la relación entre el nivel de plomo en la sangre de niños y la disminución del coeficiente de inteligencia en ausencia de una enfermedad clínica" (página 9).

El plomo, el mercurio, el cadmio y muchos otros metales pesados se encuentran liberados, mezclados a otras sustancias, sin que se sepa a ciencia cierta en qué proporciones. El agua sirve de vehiculo, en particular en las zonas tropicales.

Los metales pesados en Costa Rica liberados en los cuerpos de agua

Sobre los cuerpos de agua, en este informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los controles defectuosos del Estado costarricense con relación a la calidad del agua, del año 2013, se puede leer que:

"Se determinó la presencia de contaminantes diversos, en 25 de las 34 cuencas del país. Estos contaminantes son materia orgánica, nutrientes y sólidos, metales, sustancias químicas y orgánicas, y microorganismos peligrosos" (punto 2.69, pág. 24). De interés resulta este informe con relación a la poca fiscalización del Estado en materia de vertidos en cuerpos de agua por parte del sector productivo.

Al vertirse al mar, desde las desembocaduras de los ríos, grandes volúmenes de agua contaminada con metales pesados y muchas otras sustancias provinientes del Valle Central, el estudio de peces y especies marinas también revela los efectos de la contaminación fluvial, con investigaciones (esporádicas) sobre metales pesados cada vez más preocupantes, y pocamente divulgadas en Costa Rica.
Foto extraía de nota de La Nación (2015): "Playas Guacalillo, Azul y Tárcoles pagan con basura el descuido del Valle Central"

En un estudio publicado por un químico de Costa Rica en el 2015, titulado "Acumulación de metales pesados en bivalvos y sus efectos tóxicos en la salud humana: perspectivas para el estudio en Costa Rica", se lee que:

"Los principales efectos sobre la salud humana por exposición a metilmercurio son efectos neurotóxicos (parestesias, ataxia, neurastenia, pérdida de visión y audición) en adultos y toxicidad para los fetos de mujeres expuestas durante el embarazo. También se ha demostrado un efecto genotóxico que da por resultado aberraciones cromosómicas en poblaciones expuestas a metilmercurio".

Nótese que en ese mismo estudio precitado, el autor concluye que:

"en Costa Rica el no contar con una industria tan especializada en el uso de metales pesados asi como la falta de información al respecto, no permite asegurar que hay o no contenidos elevados de contaminantes. Únicamente el estudio analítico de las muestras tanto de los cultivos del golfo de Nicoya, como las extraídas en otras zonas costeras, podrá generar un verdadero reflejo de en qué posición nos encontramos respecto al tema".

Las concentraciones de metales pesados en los peces que se comercializan para consumo humano son objeto cada cierto tiempo de titulares en prensa. En Costa Rica, uno de los primeros artículos de prensa disponible en línea al respecto es del 2006 (véase nota de La Nación). En el 2013, se publicó la investigación titulada " Evaluación de los Niveles de Mercurio en Productos Pesqueros en Costa Rica, Durante 2003-2013, como insumo para recomendar una ingesta semanal tolerable" disponible en este enlace. Los resultados de una investigación titulada "Interpretación del contenido de mercurio en muestras nacionales de pez vela (Istiophorus platypterus) y marlín (Makaira spp. o Tetrapturusspp.) a partir de parámetros toxicológicos internacionales", publicada por la Universidad Nacional (UNA) y disponible en la red, concluye en el 2014 que el 100% de las muestras recogidas de ambos peces en establecimiento comerciales registran altas concentraciones de mercurio (p. 57). En el 2016, la ONG PRETOMA titulo una nota de prensa "Study Shows Shark Meat in Costa Rican Markets Has High Levels of Toxic Mercury".

A modo de conclusión: investigaciones esporádicas ante un Estado omiso

En febrero del 2017, la aparición de grandes cantidades de peces muertos en varias playas de Nicoya dió lugar a un apresurado comunicado de prensa de las autoridades del 17 de febrero (Nota 1) descartando cualquier riesgo para la salud humana al consumir peces (véase nota de Casa Presidencial titulada "Descartan riesgo en consumo de pescado proveniente del Golfo de Nicoya").

Se desconoce si las autoridades del Ministerio de Salud han elaborado (y hecho público) algun informe sobre la recurrencia de patologías asociadas a metales pesados detectadas en ciertas zonas de Costa Rica.

En este como en otros casos, es frecuente observar a un Estado negligente en cuanto a los efectos en la salud humana de ciertas actividades. Bien lo saben las comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica, cuya salud y patologías asociadas a la exposición de plaguicidas no parecen en lo más mínimo interpelar a las autoridades de salud: como tuvimos la ocasión de expresarlo, la sordera es institucionalizada en Costa Rica cuando de problemas provocados por la piña se trata (véase nota nuestra publicada en el OPALC en el 2015) (Nota 2). De igual forma con la gran cantidad de niños autistas en algunas zonas rurales, pese a literatura científica que (desde hace muchos años) relaciona el autismo a la exposición a pesticidas de mujeres embarazadas (véase nota al respecto).

Más allá de la serie de obligaciones que asumieron los Estados en la Convención de Minamata (y cuya implementación constituye en sí todo un desafío), es deseable que con la entrada en vigor de este novedoso instrumento, la opinión pública aproveche la ocasión para exigir a los Estados examinar con mucha mayor atención los efectos en la salud pública de los metales pesados que, de una u otra forma, ingieren sus habitantes.

Notas:



Nota 1: Nótese que el informe técnico solicitado a un ente universitario por las autoridades ante la falta de peritos para identificar la causa de esta súbita muerte de grandes cantidades de peces, lleva la fecha del 3 de marzo del 2017 : véase nota de La Nación.

Nota 2: La lista de las distintas sustancias químicas necesarias para producir la variedad denominada "MD-2" da una idea de los riesgos que significan para los suelos, los acuíferos así como para la salud de las comunidades aledañas y la de los trabajadores en las piñeras (véase Anexo XXII (página 57) del informe denominado ”Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí). En el 2009, con relación a una investigación del IRET de la Universidad Nacional (UNA) en Talamanca sobre valores de plaguicidas en los orines de menores que viven cerca de bananeras, se leyó la siguiente reacción por parte de la titular de la cartera de la salud:

"Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad" (sic) (véase nota del Semanario Universidad).



sábado, 12 de agosto de 2017

MERCOSUR Y ESTADOS DE AMÉRICA LATINA RECHAZAN USO DE LA FUERZA EN VENEZUELA



El rechazo del MERCOSUR y de otros Estados de América Latina al uso de la fuerza en Venezuela

Ante las declaraciones dadas a conocer el pasado 11 de agosto por parte del Presidente de Estados Unidos sobre una "opción militar" en el caso de Venezuela (véase nota de prensa), varios Estados de América Latina así como los Estados Miembros del MERCOSUR han reaccionado de forma inmediata o casi.

En sus declaraciones a la prensa, el Presidente de Estados Unidos señaló que: "No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo".

Bolivia emitió el mismo 11 de agosto este comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores. A diferencia de los demás comunicados oficiales que veremos a continuación (y que no refieren expresamente a Estados Unidos como tal), el texto circulado por Bolivia rechaza las declaraciones y recrimina directamente al Estado autor de esta amenaza militar. Lo reproducimos de forma integral:

Bolivia condena declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, del día viernes 11 de agosto de 2017, mediante las cuales, amenazó con una posible opción militar a la hermana República de Venezuela.

Bolivia censura este tipo de declaraciones que ponen en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como cualquier intento de intervención militar en el mundo bajo el pretexto de querer proteger los derechos humanos en Estados soberanos.

Es reprochable que un Mandatario de un país considerado desarrollado asuma que el resto del mundo se encuentra bajo su tutela y que por lo tanto cree tener el derecho de intervenir países, violando toda norma y principio del Derecho Internacional. El Estado Plurinacional de Bolivia hace un urgente llamado a la Comunidad Internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre autodeterminación e independencia de los Estados
".

En las líneas que siguen, nos abocaremos a reseñar los distintos comunicados oficiales que han circulado en los últimos días por parte de Estados de América Latina. Omitiremos declaraciones en prensa, "tweets", u otras formas de manifestación en redes sociales de autoridades, que de una u otra forma, denotan la renuencia de algunos de proceder a elaborar un texto formal condenando estas declaraciones del actual ocupante de la Casa Blanca.

Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia: la última intervención norteamericana es la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Interacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua (véase texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica la prohibición del uso de la fuerza como un principio general y como una regla consuetudinaria). En este último caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre de 1991, Nicaragua retiró la demanda presentada para la etapa indemnizatoria por los daños ocasionados, dando así por concluído este largo proceso (véase ordenanza de la CIJ del 26 de setiembre de 1991).

Pese a la importancia de la regla violada en caso de intervención militar (en particular si se trata de una acción no autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), en América Latina se ha a menudo repudidado omitiendo referirse a Estados Unidos: cuando se ha procedido a una reprobación oficial de las acciones de Estados Unidos en contra de un Estado, esta se ha manifestado casi siempre recurriendo a un léxico que evita designar expresamente a Estados Unidos. En el 2016, una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de "desagravio" a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refiere a los "acontecimientos de abril de 1965" (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada). Los comunicados oficiales que a continuación citaremos relacionados a la amenaza de una "opción militar" en Venezuela de igual manera se caracterizan por esta llamativa omisión.

La reacción colectiva de los Estados del MERCOSUR

Menos de 24 horas después de pronunciadas las palabras del Presidente Trump, los Estados del MERCOSUR se manifestaron rechazando de forma vehemente toda solución que implique el uso de la fuerza en Venezuela, al afirmar en un comunicado con fecha del 12 de agosto que:

"El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales" (véase texto completo del comunicado conjunto circulado del 12 de agosto reproducido al final de esta nota).

Estas declaraciones del Presidente Trump se dan en el marco de la escalada verbal con Corea del Norte. Nótese que pese a su peculiar estilo, es la primera vez en su mandato que el Presidente norteamericano alude públicamente ante medios de prensa a una opción militar para resolver la situación en Venezuela. El pasado 26 de julio, las infidencias del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia sobre Venezuela indicaron de acciones concertadas con Estados de América Latina, sin precisar el tipo de opciones valoradas (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo).

Es de notar que en la Declaración de Lima adoptada por 12 Estados (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) el pasado 8 de agosto, se lee (punto 5) que estos 12 Estados expresaron: "Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza" (véase nota con texto reproducido).

Será de sumo interés observar si estos 12 Estados, a título individual (o bien en forma colectiva), condenan ahora las declaraciones dadas por el Presidente de Estados Unidos.

Las reacciones oficiales no colectivas de otros Estados

El Estado anfitrión, Perú se adelantó al circular el mismo 12 de agosto el siguiente comunicado, titulado "Perú rechaza cualquier amenaza al uso de la fuerza en Venezuela - Comunicado Oficial 028 - 17, en el que se puede leer que: ​

"Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

De igual forma, Colombia emitió el siguiente comunicado en la misma fecha del 12 de agosto, sugiriendo una mediación del Secretario General de Naciones Unidas en Venezuela, y que reproducimos a continuación de manera integral:

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha sido explícito en su condena a la ruptura constitucional de Venezuela. Considera urgente mantener la postura adoptada por varios países y las declaraciones y decisiones individuales y colectivas en la región para restablecer las instituciones democráticas en Venezuela, tal y como lo hicimos en la Declaración de Lima del 8 de agosto pasado.

A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo para el pueblo venezolano. En este contexto y respetando los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, hemos hecho llamados al Secretario General de Naciones Unidas para que utilice los mecanismos de solución pacífica de controversias y buenos oficios para crear las condiciones que se requieren para una negociación que ponga fin a la crisis de ruptura democrática en Venezuela.

En este sentido, rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas"
.

De manera similar, pero con un contenido distinto, este mismo 12 de agosto, México se ha manifestado en los siguientes términos mediante un comunicado de su diplomacia titulado "México continuará trabajando por una solución pacífica a la crisis en Venezuela", en el que se lee que:

El gobierno de México, con pleno apego a las normas y principios de derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa su rechazo al uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y afirma que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas.

El 8 de agosto, 12 países, México entre ellos, adoptaron la Declaración de Lima en la que condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y expresan que los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado. De igual manera, los países firmantes de la declaración de Lima rechazaron de manera enérgica la violencia y el uso de la fuerza.

México reitera el contenido de la Declaración de Lima y seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que se restaure la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica y negociada
".

Por su parte, Ecuador, Estado que no participó al encuentro en Lima, expresó mediante comunicado de su cancillería que:

"El gobierno de Ecuador reitera la necesidad de respetar, dentro del marco del Derecho Internacional, los principios de libre determinación, de no injerencia y de convivencia pacífica entre las naciones.

Recuerda a la comunidad internacional que la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz implica el compromiso de todas las naciones por preservar nuestro territorio común libre de amenazas o intervenciones militares de cualquier tipo.

En este contexto, expresa su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y rechaza cualquier amenaza sobre una posible intromisión militar en su territorio.

Ecuador reitera el llamado al diálogo como única forma de solucionar la situación del hermano pueblo venezolano
".

Finalmente, El Salvador, en un comunicado del 13 de agosto, señaló que:

"El Salvador reitera su llamado a la solución pacífica en Venezuela

El Salvador, como país que vivió un conflicto armado, sigue firmemente convencido que la solución a la crisis en Venezuela es a través del diálogo y la negociación en la que participen todos los sectores sin excepción.

Ante el nivel de polarización al que se ha llegado en la sociedad venezolana, el diálogo es la única y mejor opción para evitar mayor sufrimiento y derramamiento de sangre.

Esta vía debe prevalecer sobre cualquier acción que vaya en detrimento al respeto a la soberanía de Venezuela y en contra de los principios que establece la Carta de las Naciones Unidas, instrumento que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza y el empleo de la misma como alternativas.

En ese sentido, consideramos que la mayor contribución de la comunidad internacional debe dirigirse a promover una salida pacífica y a no fomentar más la polarización o alguna medida que genere más violencia.
"

A modo de conclusión

Estas y posiblemente otras reacciones oficiales en América Latina condenando el uso de la fuerza son entendibles: mucho menos lo es el silencio en estos casos. Como bien se sabe, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza constituyen ambos actos sumamente graves, al contravenir a su expresa prohibición, contenida en el Artículo 2 la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (y en el primer artículo de la Carta de la OEA de 1948). Se trata de una regla más que fundamental, fundacional del ordenamiento jurídico internacional contemporáneo. Además de ser repudiable (y repudiada), la amenaza del uso de la fuerza de un Estado en contra de otro Estado activa una serie de mecanismos, tanto en el marco de las Naciones Unidas como en el seno de la OEA.

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017



Comunicado del MERCOSUR extraído de enlace en el sitio del Palacio del Itamaraty (Brasil)

Venezuela: el MERCOSUR rechaza el uso de la fuerza para restablecer el orden democrático 12 de agosto del 2017

La decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país. Desde entonces, aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación.

Los países del MERCOSUR continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país.

Al mismo tiempo, los países del MERCOSUR consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales.

miércoles, 9 de agosto de 2017

TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE LIMA (PERÚ) SOBRE VENEZUELA SUSCRITA POR 12 ESTADOS EL 8 DE AGOSTO DEL 2017

En consonancia con un comunicado de Costa Rica emitido la misma tarde del 30 de julio llamando a desconocer a la nueva Asamblea Nacional Constituyente designada ese mismo día en Venezuela (véase nota de este mismo sitio con, al final, el texto del comunicado de Costa Rica), se adoptó en Lima una declaración sobre Venezuela este 8 de agosto del 2017. A la cita concurrieron 17 delegaciones (véase nota), pero el texto final viene firmado solamente por 12 Estados. No lo suscribieron Jamaica, Granada, Guyana, Santa Lucia y Uruguay. Mientras tanto, el mismo día, en Caracas, una declaración de ALBA-TCP reunió a 11 Estados, incluyendo a Venezuela (véase texto en ambos idiomas español/inglés de la declaración adoptada sobre Venezuela por los integrantes del ALBA).

Considerando que en la OEA son 34 sus integrantes y en la CELAC son 33, este nuevo comunicado conjunto adoptado en Lima evidencia la profunda división reinante en el hemisferio americano sobre la situación en Venezuela. A continuación, se reproduce el texto integral tal como aprobado. Nótese que se solicita a la Unión Europea posponer la Cumbre UE-CELAC prevista en El Salvador en octubre del 2017 (punto 14), incorporando así un nuevo tema de debate (y un nuevo actor, la UE): estas cumbres se preparan con varios años de antelación (la última de este tipo realizada en América Latina tuvo lugar en el 2013 en Chile), y posiblemente para muchos de los Estados que en ellas participan, la situación interna en uno de los Estados no conlleva proceder a su reprogramación. No se solicita romper relaciones diplomáticas con Venezuela ni someterla a algún tipo de sanciones comerciales, tal y como lo sugirió el Estado anfitrión días antes de esta cumbre en la capital peruana. Tampoco hay referencia a alguna próxima reunión en la OEA, tal como su Secretario General lo anunció. Otro detalle de interés es que se menciona la decisión del MERCOSUR de excluir a Venezuela del pasado 5 de agosto (punto 11), cuando esta decisión omitió toda referencia a la Asamblea Nacional Constituyente celebrada el 30 de agosto (véase nota con texto de la decisión del MERCOSUR). La alusión a la Carta Democrática de la OEA también merece mención, ya que muchos de los firmantes optaron por no aplicarla al caso venezolano cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo en la OEA, incluyéndose Costa Rica en ese último grupo.


Como se puede apreciar, las valoraciones entre los mismos Estados de América Latina difieren de una reunión a otra, exhibiendo así las diferencias existentes en los textos de las declaraciones que adoptan.



Texto de la Declaración de Lima (Perú) sobre Venezuela, suscrita por 12 Estados, el 8 de agosto del 2017

DECLARACIÓN DE LIMA

Los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en la ciudad de Lima, el día 8 de agosto de 2017, para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada;

Animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, no atenta contra los derechos humanos y la democracia, y es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias; Declaran:

1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.

2. Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.

3. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa.

4. Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.

5. Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.

6. Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

7. Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.

8. Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

9. Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.

10. Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

11. Su apoyo a la decisión del MERCOSUR de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

12. Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.

13. Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.

14. Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.

15. Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.

16. Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.



Lima, 8 de agosto de 2017

FORMALIZANDO LO PROHIBIDO: LA CARTA DE ESTADOS UNIDOS SOBRE SU DENUNCIA AL ACUERDO DE PARÍS

Foto tomada de nota de prensa de DW

Formalizando lo prohibido: la carta de Estados Unidos sobre su denuncia al Acuerdo de París

Estados Unidos comunicó oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas el pasado 4 de agosto su intención de denunciar el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático. Como bien se sabe, el Secretario General es el depositario de este tratado multilateral, adoptado en la capital gala en diciembre del 2015, firmado por 195 Estados y ratificado por 159: véase estado oficial de firmas y ratificaciones (con, al final las declaraciones hechas por 18 de los Estados Partes, incluyendo la Unión Europea). De conformidad con el Artículo 21(1) de este tratado, la fecha de su entrada en vigor es la del 4 de noviembre del 2016:

"This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession" / "1. El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente por lo menos un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión".

La figura de la denuncia en el derecho internacional público

Como es sabido, la denuncia es una figura jurídica validada por la práctica internacional y consagrada por la misma Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (véase texto, artículo 56). En América Latina, en años recientes se registra, por ejemplo, el caso de Venezuela, que denunció en setiembre del 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (véase nota nuestra al respecto), un acto al que también procedió Trinidad y Tobago en 1998; o el de Colombia, que optó por denunciar el Pacto que lleva el nombre de su capital en noviembre del 2012 (véase nota nuestra al respecto publicada en La Nación), acto que El Salvador también realizó en 1973. Tuvimos también la oportunidad de analizar las denuncias a la Convención de Washington de 1965 que crea el CIADI (más conocido por sus siglas en inglés ICSID) por parte de varios Estados de América Latina ante la deriva del CIADI tendiente a favorecer en sus laudos arbitrales al inversionista extranjero en el caso de demandas claramente abusivas (véase nuestra nota al respecto publicada en el sitio de Bretton Woods Project) (Nota 1). En este artículo sobre una iniciativa de la UNASUR para reemplazar el CIADI por un mecanismo regional en materia de arbitraje de inversión, se lee en las conclusiones que:

"ICSID arbitration has lacked the guarantee of due process because of its impartial and not transparent proceedings, failure to address the broader needs of society as well as generally inconsistent decisions and awards, the lack of hierarchy of investment tribunals and no system of precedent or appeals".

Estos, y otros casos de denuncias de tratados internacionales que ofrece la práctica internacional, indican que un Estado Parte a un instrumento conserva siempre la posibilidad de retirarse del mismo cuando, por alguna razón, sus autoridades lo consideran dañino para sus intereses. Al optar por denunciar o retirarse de un tratado internacional, un Estado no violenta ninguna norma internacional: ejerce sus atribuciones soberanas, las mismas que fundamentan su decisión de suscribir y ratificar un tratado. Lo hace recurriendo a las mismas cláusulas contenidas en el texto relativas a la denuncia o retiro del tratado.

La denuncia de tratados multilaterales ambientales: casos recientes

Una de las últimas denuncias de un tratado multilateral en materia ambiental fue la denuncia de Canadá a la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación, registrada en el 2013. Se puede leer en el estado oficial de firmas y ratificaciones de ese tratado que:

"Canada had signed the Convention on 14 October 1994 and had ratified it subsequently on 1 December 1995. Thereafter, on 28 March 2013, in accordance with its article 38 (2), the Government of Canada had notified the Secretary-General of its decision to withdraw from the Convention. The withdrawal took effect on 28 March 2014. On 21 December 2016, Canada deposited with the Secretary-General an instrument of accession to the Convention" (véase Nota 4).

Dos años antes, en el 2011, el mismo Canadá había procedido a denunciar el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997: en el estado oficial de este importante instrumento, se lee (véase Nota 2) que: "In accordance with article 27 (2) of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Government of Canada notified the Secretary-General that it had decided to withdraw from the Kyoto Protocol as from the date indicated hereinafter: Date of notification:15 Dec 2011 Date of effect:15 Dec 2012".

Cabe precisar que de estas dos denuncias realizadas por parte de Canadá, la primera dejó de surtir efecto con la llegada de las nuevas autoridades en el 2015.

La cláusula sobre la denuncia del Acuerdo de París del 2015

El Acuerdo de Paris del 2015 contiene una cláusula relativa a su denuncia, la cual establece los plazos para su entrada en vigencia, así como el plazo antes del cual ninguna denuncia es posible. Desde el punto de vista jurídico, y de conformidad con el texto (versión inglesa) del Acuerdo de Paris del 2015 (véase de igual forma la versión en español), no puede haber notificación formal de denuncia antes de noviembre del 2019. Adicionalmente, ninguna denuncia puede surtir efectos sino después de noviembre del 2020. Sobre este preciso punto, las reglas contenidas en el Artículo 28 son de una meridiana claridad y las distintas versiones oficiales no permiten duda alguna:

Article 28 1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.


Artículo 28 1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación.

3. Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el presente Acuerdo.


Por lo tanto, la comunicación hecha por Estados Unidos el pasado 4 de agosto no puede ser validada como "notificación".La prohibición de hacerla durante tres años impide admitirla como tal. Si la idea consistió en informar que Estados Unidos tiene la firme intención de denunciar el Acuerdo de Paris, las declaraciones oficiales hechas por su actual Presidente hace varios meses son suficientes. El mundo entero, así como las mismas Naciones Unidas, tomaron nota de la visión tan peculiar del Presidente Trump cuando en mayo pasado afirmó que su decisión sobre el Acuerdo de Paris "will make America great again".

Referimos al lector al artículo publicado en EJIL-Talk del 5 de junio del 2017 de la profesora Lavanya Rajamani (India), titulado "Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement".

Tuvimos la oportunidad de analizar las reacciones oficiales en América Latina a este anuncio presidencial (Nota 2). Es de recordar que Perú (julio del 2016) fue el primer Estado en ratificar en la región este instrumento, seguido por Argentina, Brasil, Honduras, México y Panamá (setiembre del 2016), Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay (octubre del 2016), Cuba (diciembre del 2016), Guatemala (enero del 2017), Chile (febrero del 2017) y El Salvador (marzo del 2017), cerrando la lista Haití y Venezuela (julio del 2017). En la conclusión de este artículo, nos permitimos señalar que:

"Más allá del estilo tan peculiar de anunciar cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estríctamente jurídico, la prohibición expresa de hacer reservas a este tratado como tal (véase artículo 27 del Acuerdo de París) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Técnicamente, Estados Unidos deberá en este caso proceder a denunciar el tratado, o bien proceder a una inédita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de París como sus Estados Partes, así como también los especialistas en derecho internacional".

La carta del 4 de agosto o el arte de cómo notificar algo omitiendo la prohibición del plazo de tres años

El texto de la carta del 4 de agosto suscrita por la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, reproducida en este artículo, se lee como sigue:

"The Representative of the Unites States of America to the United Nations presents her compliments to the Secretary-General of the United Nations.

This is to inform the Secretary-General, in connection with the Paris Agreement, adopted at Paris on December 12, 2015 (“the Agreement”), that the United States intends to exercise its right to withdraw from the Agreement. Unless the United States identifies suitable terms for reengagement, the United States will submit to the Secretary-General, in accordance with Article 28, paragraph 1 of the Agreement, formal written notification of its withdrawal as soon as it is eligible to do so. Pending the submission of that notification, in the interest of transparency for parties to the Agreement, the United States requests that the Secretary-General inform the parties to the Agreement and the States entitled to become parties to the Agreement of this communication relating to the Agreement.

The Representative of the Unites States of America to the United Nations avails herself of the opportunity to renew to the Secretary-General the assurances of her highest consideration
".

Es muy probable que colegas especialistas en derecho internacional comenten el contenido de esta extraña carta. La cual, en nuestra opinión, corresponde más a un anuncio de una futura notificación y no a una notificación en sí, al existir una prohibición de notificar durante un plazo de tres años. Posiblemente, desde el punto de vista político, esta inusual misiva responda a algún compromiso del Presidente Trump con algunos sectores. No obstante, desde el punto de vista jurídico, plantea algunas interrogantes al no adecuarse a lo estipulado en el Acuerdo de París, ni a la práctica seguida por Estados denunciantes ante el depositario de un tratado, ni añadir nada nuevo a lo escuchado por parte del Presidente Trump. Como se observará, la omisión del plazo de tres años que exige el Acuerdo de París traduce bien lo incómodo que resulta la situación para el Presidente Trump (un hombre algo urgido).

A modo de conclusión

Al parecer, es la primera vez que un Estado mediante una carta formal al depositario de un tratado multilateral le comunica su intención (y no su decisión) de denunciar un tratado. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional y agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para saber si estamos (o no) presenciando una verdadera "première" de la Oficina Jurídica del Departamento de Estado. En abril del 2002, esta misma entidad decidió proceder a una verdadera innovación en materia de derecho de los tratados, al "retirar" la firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 que establece la Corte Penal Interancional (CPI), acto que Israel y Sudán replicarían (véase notas 4, 10 y 12 en estado oficial de firmas y ratificaciones) así como Rusia en noviembre del 2016 (véase nota 9). Uno de los riesgos de estas innovaciones del Departamento de Estado, es que algunos Estados puedan sentirse inclinados por acompañar a Estados Unidos en su desafiante soledad.

Por otro lado, el comunicar su intención de denunciar un tratado y al mismo tiempo anunciar que se procederá a "reengage" (término inexistente en el léxico del derecho internacional) constituye toda una novedad en derecho internacional: en particular cuando el tratado concerñido contiene una cláusula que expresamente prohibe reservas al mismo (Artículo 27).

Ante ello, no cabe duda que la buena fe y la transparencia a la que alude esta insólita misiva norteamericana obligan a aclarar al depositario (y a los Estados Partes) lo que se entiende por "suitable terms for reengagement".



Nota 1: Un ejemplo de demanda abusiva en el CIADI es la interpuesta en el 2014 contra Costa Rica por la minera canadiense Infinito Gold por 94 millones de US$ con respecto a su proyecto minero declarado ilegal por la justicia costarricense en el 2010 y 2011. La demanda se encuentra pendiente de resolución. En el 2015, Costa Rica solicitó dar por terminado el procedimiento en su contra, sin éxito alguno (véase nuestra nota titulada "La solicitud de Costa Rica de poner término a la demanda de Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones" y publicada en el OPALC). En abril del 2017, olfateando algo, la empresa minera canadiense aumentó sus pretensiones de 94 a 321 millones de dólares (véase nota de CRHoy).

Nota 2: Véase nuestra nota publicada en DebateGlobal el 4 de junio del 2017 titulada: "Reacciones en América Latina a anuncio de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático".



Para lectores de hablainglesa: Una versión en inglés de este mismo texto, titulada "The so called United States´s "notification" on its decision to withdraw from Paris Agreement on Climate Change" se encuentra disponible aquí.



martes, 8 de agosto de 2017

THE SO CALLED UNITED STATES´S "NOTIFICATION" ON ITS INTENTION TO WITHDRAW PARIS AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE

Picture taken from note of DW

On August 4, 2017, United States sent a formal letter to the Secretary-General of the United Nations its intention to withdraw from Paris Agreement on Climate Change signed in December 2015. The Secretary-General of the United Nations is the depositary of this multilateral agreement, signed by 195 States, and ratified by 159 States: see official status of signatures and ratification (at the very end, are available the declarations made by 18 Parties). This agreement entered into force on November 4, 2016, in accordance with article 21(1): "This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession".

The withdrawal from environmental treaties

One of the last withdrawal of an environmental UN treaty took place in 2013 when Canada decided to withdraw from the UN Convention to Combat Desertification: it can be read in the official status of signatures and ratification of this treaty that

"Canada had signed the Convention on 14 October 1994 and had ratified it subsequently on 1 December 1995. Thereafter, on 28 March 2013, in accordance with its article 38 (2), the Government of Canada had notified the Secretary-General of its decision to withdraw from the Convention. The withdrawal took effect on 28 March 2014. On 21 December 2016, Canada deposited with the Secretary-General an instrument of accession to the Convention" (see Note 4).

Two years before, in 2011, Canada (again) decided to withdraw from Kyoto Protocol, adopted in 1997: in the official status of this instrument, it can be read (see Note 2) that: "In accordance with article 27 (2) of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Government of Canada notified the Secretary-General that it had decided to withdraw from the Kyoto Protocol as from the date indicated hereinafter: Date of notification:15 Dec 2011 Date of effect:15 Dec 2012".

The withdrawal in Paris Agreement of 2015

Legally speaking, and in accordance with the text of Paris Agreement of 2015, no formal notification to the UN on its decision to withdraw it can be done by a State before November 2019. Additionnally, no withdrawal will take effect until November 2020. On this respect, the rules concerning withdrawal of Article 28 are extremely clear:

Article 28 1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.

If the idea is to inform that United States wants to withdraw this multilateral agreement, official declarations made by President Trump a few months ago are sufficient. The entire world, as well as the United Nations, understood the very peculiar vision of President Trump when affirming last May that Paris Agreement decision will "make America great again".

We refer to the article published in EJIL-Talk on June 5, 2017 by Professor Lavanya Rajamani (India), entittled "Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement".

We have had the opportunity to analyse the official reactions in Latin America to this annoucement of President Trump (see our note published in DebateGlobal on June 4, 2017 and entittled: "Reacciones en América Latina a anuncio de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático"). In the conclusion, it can be read that:

"Más allá del estilo tan peculiar de anunciar cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estríctamente jurídico, la prohibición expresa de hacer reservas a este tratado como tal (véase artículo 27 del Acuerdo de París) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Técnicamente, Estados Unidos deberá en este caso proceder a denunciar el tratado, o bien proceder a una inédita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de París como sus Estados Partes, así como también los especialistas en derecho internacional".

The letter of August 4: notifying a forbidden notification

If there is no option for a State to send a "notification" until November 2019, how can we call the letter sent to the depositary of Paris Agreement? The text of the letter signed by Ambassador Nikki Haley, dated August 4, 2017, reproduced in this article, reads as follow:

"The Representative of the Unites States of America to the United Nations presents her compliments to the Secretary-General of the United Nations.

This is to inform the Secretary-General, in connection with the Paris Agreement, adopted at Paris on December 12, 2015 (“the Agreement”), that the United States intends to exercise its right to withdraw from the Agreement. Unless the United States identifies suitable terms for reengagement, the United States will submit to the Secretary-General, in accordance with Article 28, paragraph 1 of the Agreement, formal written notification of its withdrawal as soon as it is eligible to do so. Pending the submission of that notification, in the interest of transparency for parties to the Agreement, the United States requests that the Secretary-General inform the parties to the Agreement and the States entitled to become parties to the Agreement of this communication relating to the Agreement.

The Representative of the Unites States of America to the United Nations avails herself of the opportunity to renew to the Secretary-General the assurances of her highest consideration
".

It is possible that some commentators and specialists in international law will have the opportunity to analyse the content of this strange letter that can be considered, in our view, as a notice on a future notification rather than a notification itself. As recalled previously, until November 2019, no notification can be received by the depositary of Paris Agreement.

Conclusion

It seems to be a very first time that a State communicates its intention (instead of its decision) to withdraw a treaty. No precedent has been found, and the kind help of researchers is more than welcomed to confirm (or not) what could be a great "première" of State Department Legal Office. In April 2002, the Legal Office of State Department decided to innovate with the "un-signature" of Rome Statute of 1998 establishing the International Criminal Court (ICC), followed by Israel and Sudan (see notes 4, 10 and 12 of official status of Rome Statute) as well as Russia in November 2016 (see note 9). One of the risks in being so creative, is that other States can feel the need to take similar decisions and follow United States.

On another hand, to communicate its intention to withdraw a treaty and to announce at the same time that the United States will "reengage", is also something very new in international law: mainly when it concerns a treaty containing a clause on prohibition of reservations (Article 27).

The principle of good faith and the "interest of transparency" mentionned in this inusual letter could both invite the United States to clarify the non very legal expression of "suitable terms for reengagement" used by Ambassador Nikki Haley.

sábado, 5 de agosto de 2017

LA DECISIÓN DEL MERCOSUR DE EXCLUIR A VENEZUELA



La decisión del MERCOSUR de excluir a Venezuela

En una reunión celebrada en Sao Paolo (Brasil), los Estados miembros del MERCOSUR decidieron excluir a Venezuela de esta organización subregional, recurriendo al instrumento que prevé la exclusión (el Protocolo de Ushuaia, adoptado en julio de 1998). Venezuela integró formalmente esta organización internacional en julio del 2012.

Nótese que, a diferencia de lo que se lee en algunos titulares de prensa, en ningun momento se menciona el proceso de Asamblea Nacional Constituyente, que algunos Estados de América Latina han decidido no reconocer (véase nuestra breve nota al respecto titulada "Anuncio de Costa Rica de no reconocer resultados de Asamblea Constituyente en Venezuela: breves apuntes" y editada en el sitio jurídico Ius360). De los miembros del MERCOSUR, solamente Argentina ha externado mediante un comunicado oficial no reconocer los resultados de esta Asamblea Constituyente, electa el pasado 30 de julio y formalmente instalada en Caracas el pasado viernes 4 de agosto, un día antes de la decisión tomada por los integrantes del MERCOSUR.

Los artículos 4 y 5 del Protocolo de Ushuaia de 1998 se leen como siguen:

ARTICULO 4: En caso de ruptura del orden democrático en un estado parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado.

ARTICULO 5: Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.

En la decisión adoptada (véase texto completo al final de esta nota en Documento A) se lee que los cuatro Estados miembros del MERCOSUR decidieron: "Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia".

Venezuela ha reaccionado airadamente a esta decisión mediante un comunicado de prensa emitido por su aparato diplomático el mismo 5 de agosto en el que rechaza esta decisión, calificándola de ilegal (véase texto integral reproducido en Documento B al final de esta misma nota).

Como era previsible, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos respaldó inmediatamente la decisión del MERCOSUR, calificándola de ejemplar (véase nota de El Nacional que reproduce el comunicado de prensa del Secretario General). Es probable que si el tema es planteado ante el Consejo Permanente de la OEA, este respaldo al MERCOSUR sea objeto de álgidas discusiones entre las 34 delegaciones y que no se llegue a acuerdo alguno acuerpándolo.

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Documento A:Texto completo de la decisión del MERCOSUR

Decisión sobre la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el MERCOSUR en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR

05 Agosto 2017 Información para la Prensa N°: 316/17

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, suscripto el 24 de julio de 1998, la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración;

Que toda ruptura del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración;

Que, en las consultas realizadas entre los Cancilleres de los Estados Partes del MERCOSUR, se constató la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela, consignada en la “Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR sobre la República Bolivariana de Venezuela” del 1° de abril de 2017 y, desde entonces, celebraron consultas entre sí y solicitaron al Estado afectado la realización de consultas;

Que las consultas con la República Bolivariana de Venezuela resultaron infructuosas debido al rechazo de este Gobierno a la celebración de las mismas en el marco del Protocolo de Ushuaia;

Que no se han registrado medidas eficaces y oportunas para la restauración del orden democrático por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela;

Que el espíritu del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR es el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el Estado afectado;

Que la aplicación del Protocolo de Ushuaia no debe interferir en el funcionamiento del MERCOSUR y de sus órganos, ni producir perjuicio alguno al pueblo venezolano;

Que los Estados Partes del MERCOSUR se comprometen a trabajar en favor del restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y en la búsqueda de una solución negociada y duradera en pro del bienestar y el desarrollo del pueblo venezolano.

DECIDEN:

1) Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.

La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia.

2) Los Estados Partes definirán medidas con vistas a minimizar los impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano.

3) La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.

4) Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso iii) del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto se producirá con la incorporación que realicen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en los términos del inciso ii) de dicho artículo
.



São Paulo, 5 de agosto de 2017

Jorge Marcelo Faurie - República Argentina - Aloysio Nunes Ferreira- República Federativa del Brasil - Eladio Loizaga - República del Paraguay - Rodolfo Nin Novoa - República Oriental del Uruguay




Documento B : Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazando la decisión sobre su exclusión

Venezuela protesta y rechaza Declaración mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en MERCOSUR.

Date: agosto 05, 2017in:

La República Bolivariana de Venezuela protesta y rechaza enérgicamente la Declaración emitida en São Paulo, Brasil, de fecha 05 de agosto de 2017, suscrita por los Cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en MERCOSUR.

La República Bolivariana de Venezuela alerta a los pueblos del mundo ante la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional. Nefastos intereses anti integracionistas han convertido a MERCOSUR en un órgano de persecución política contra Venezuela al procurar avanzar en una senda de ilegalidad e intolerancia política semejante a la que fue sometida la República de Cuba en los años 60 del pasado siglo.

Venezuela ratifica enfáticamente que resulta improcedente la aplicación del Protocolo de Ushuaia, toda vez que se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos compatibles con las disposiciones de tal normativa. Es la segunda vez, en menos de un año, que se pretende arbitrariamente suspender a Venezuela de la organización mediante argumentos artificiales, lo cual es una clara muestra del tenor intervencionista, y alejado del Derecho, de estos Cancilleres de la nueva Triple Alianza, así como de la verdadera intención política que los motiva. Quedarán marcados por la historia los nombres de los Presidentes y Cancilleres que han tomado esta aberrante e ilegal decisión.

La utilización de la declaración de los cuatro Cancilleres del 01 de abril de 2017, señalada como preámbulo de este nuevo Comunicado de hoy, no corresponde a Ushuaia, ni a las reglas del Derecho Internacional ni al sistema normativo fundacional y derivado del MERCOSUR; por el contrario, constituye una corrupción a la integridad del sistema legal organizacional que busca posicionar una matriz mediática para excusar sanciones injustas, carentes de sustento jurídico e incluso inexistentes dentro del ordenamiento constitutivo de la organización.

Es menester revelar a la comunidad internacional, la falsía en torno al supuesto desinterés de Venezuela por participar de una reunión para avanzar en soluciones constructivas y ajustadas a norma. La República Bolivariana de Venezuela confirmó, amplia y suficientemente, por misiva de su Canciller de fecha 27 de julio de 2017, la disposición al diálogo sincero, proponiendo la realización de una reunión en la ciudad de Caracas durante la primera semana de agosto de 2017, con observancia a los principios del Derecho Internacional y al respeto mutuo, en el debido reconocimiento a la causa arbitral interpuesta por Venezuela en contra del resto de Estados Partes y a la condición plena de Venezuela como miembro de la organización; nunca en el marco de espurias pretensiones de aplicabilidad del Protocolo de Ushuaia.

Si en torno a principios y protección de la democracia se abriera un debate, serían los gobiernos que hoy condenan a Venezuela los que tendrían que “justificar” por qué no han ratificado su compromiso con el acervo democrático regional, a través de los Protocolos de Ushuaia I y de Ushuaia II; de los cuales, por cierto, la República Bolivariana de Venezuela, como Estado Parte del MERCOSUR, es la única que ha completado los trámites internos para convertirlos en derecho positivo y vigente dentro de su ordenamiento jurídico constitucional. El único gobierno al que legalmente debería aplicarse el Protocolo de Ushuaia es al que hoy mal gobierna al Brasil, encabezado por una tragicomedia de mafias económicas y parlamentarias que ni siquiera gozan de la legitimidad del voto, que sí ostentan el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y nuestra flamante y soberana Asamblea Nacional Constituyente recién instalada en Caracas con todo el apoyo de un pueblo que desea la paz.

La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su vocación integracionista legada por el Comandante Hugo Chávez, reitera el llamado a la sindéresis, insta al respeto de la autodeterminación de nuestros pueblos, reclama la observancia a las normas del Derecho Internacional y exige el cese de las acciones antijurídicas de acoso en perjuicio de los derechos de Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR y como pueblo libre, soberano e independiente de Nuestra América.

Nada ni nadie puede suspendernos ilegalmente del MERCOSUR. Venezuela es MERCOSUR porque está sembrada en el corazón de sus pueblos y no podrán evitar que sigamos latiendo como la esperanza de liberación y justicia de millones.

Caracas, 05.08.17

miércoles, 2 de agosto de 2017

ANUNCIO DE COSTA RICA DE NO RECONOCER RESULTADOS DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN VENEZUELA: BREVES APUNTES



Anuncio de Costa Rica de no reconocer resultados de Asamblea Constituyente en Venezuela: breves apuntes



La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente delegada constituyente y posiblemente llamada a presidir la Asamblea Nacional Constituyente, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

En un comunicado de prensa que fue dado dado a conocer el pasado domingo 30 de julio (véase texto integral al final de esta nota), Costa Rica anunció que no reconocerá efecto alguno al proceso de Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela realizado el mismo día. Nótese que este comunicado fue circulado en la misma tarde del día de la elección celebrada en Venezuela.

En Mesoamérica, la diplomacia de México se manifestó en igual sentido (véase comunicado oficial), mientras que Panamá, usualmente muy crítico con relación a la situación imperante en Venezuela, se ha mantenido omiso sobre lo vivido el 30 de julio en Venezuela (véase sitio oficial de su cancillería). En la región andina, Perú ha anunciado que tampoco reconocerá los resultados del proceso de Asamblea Constituyente (véase comunicado oficial), y de igual manera lo hizo Argentina (véase comunicado).

En el caso de Chile, su comunicado (véase texto completo) no refiere a desconocer los resultados, sino que señala que:

"El Gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción ante la decisión del Gobierno venezolano de haber materializado el día de hoy un proceso de elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)".

De igual manera, Colombia emitió un comunicado (véase texto) condenando las acciones violentas registradas el mismo día 30 de julio en Venezuela, sin entrar a valorar los resultados de la consulta como tal.

En su comunicado del 31 de julio, Uruguay expresa por su parte que:

"El Gobierno del Uruguay, una vez finalizado el proceso electoral en Venezuela, vuelve a rechazar el clima de violencia que se vive en esa Hermana República y lamenta con profundo dolor la pérdida de vidas humanas que se han producido en los últimos meses y en el día de ayer, en ocasión de la elección para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente".

Desde el punto de visto político, el unísono cuestionando hace unas semanas el proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela, pareciera haber sufrido algunos bemoles. Entre otros factores, es probable que la infidencia del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia dada a conocer días antes haya obligado a algunos Estados a cierta reserva sobre Venezuela (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo). Esta infidencia puede guardar alguna relación con un comunicado (insólito) circulado por la legación de Honduras en Belice en mayo pasado, que culminó con la destitución casi inmediata del diplomático hondureño responsable de su divulgación (Nota 1).

Desde el punto de visto jurídico, posiblemente afloren algunas dudas sobre las consecuencias que implica "no reconocer" un proceso de consulta. Como tuvimos la oportunidad de plantearlo con relación a una declaración conjunta del 26 de julio cuestionando el proceso de designación de los futuros constituyentes venezolanos y suscrita por 13 Estados (incluyendo a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, a Perú así como a Uruguay entre corchetes),

"una dificultad técnica, desde el punto de vista jurídico, radica en que el no reconocimiento es una figura que aplica para Estados o para Gobiernos considerados ilegítimos o de facto (a raíz de un golpe de Estado) y no para procesos de consulta con miras a la adopción de una nueva Constitución en un Estado con el que se mantiene relaciones diplomáticas" (véase breve nota nuestra publicada en nuestro sitio).

Como se podrá apreciar, el debate se anuncia álgido entre delegaciones diplomáticas, en particular si la iniciativa del Secretario General de la OEA de convocar a una nueva reunión del Consejo Permanente de la organizacón hemisférica para examinar la situación en Venezuela se materializa. En el caso del MERCOSUR, la decisión tomada el 5 de agosto de excluir a Venezuela, adoptada 24 horas después de instalarse formalmente la Asamblea Constituyente, no menciona a esta última en ninguno de sus considerandos o parte dispositiva: un detalle de interés, pasado por alto por la mayoría de los medios de prensa, y que merece mención (véase nota nuestra al respecto que reproduce el texto integral de los Estados del MERCOSUR)

En años recientes, Estados de América Latina procederieron a "no reconocer" a autoridades autodesignadas a raíz de una situación política sumamente cuestionable (y cuestionada), como lo ocurrido en Paraguay en junio del 2012 o en Honduras en junio del 2009. En ambas ocasiones, se procedió a congelar o bien a suspender relaciones diplomáticas con autoridades consideradas "ilegítimas". El caso de Venezuela difiere sensiblemente de los dos casos antes mencionados, en la medida en que a la fecha, Venezuela mantiene relaciones diplomáticas con todos los Estados de América Latina (Nota 2): lo que se cuestiona por parte de algunos Estados, no es la legitimidad de las actuales autoridades, sino el proceso de consulta realizado con el fín de adoptar una nueva Constitución.

Es de notar que, a diferencia de lo ocurrido en enero del 2016 con relación a otro cuestionamiento sobre el sistema electoral en Venezuela, esta vez la diplomacia de Costa Rica no actuó de forma aislada (Nota 3).

"No reconocer el proceso y resultados" de una consulta de este tipo significaría, desde el punto de vista jurídico, no reconocer el nuevo régimen constitucional que organice a las actuales instituciones venezolanas, y que se plasme en el nuevo texto constitucional que se adopte. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional para poder apreciar con mayor precisión el alcance exacto de este "no reconocimiento" y sus consecuencias en el plano jurídico (así como en en el ámbito diplomático).

Nótese que la diplomacia de Brasil, usualmente muy activa cuando se trata de la situación en Venezuela (en particular desde el mes de mayo del 2016), ha optado (al igual que Panamá) por no emitir declaración alguna con relación a los resultados del proceso celebrado en Venezuela el 30 de julio (véase sitio oficial del Palacio del Itamaraty).

Notas

Nota 1: Se trata de un inédito comunicado de Honduras en el que se lee "es crucial mayor derramamiento de sangre" en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto - a todas luces inusual - de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.

Nota 2: La última ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela registrada fue la ordenada en marzo del 2014 con relación a Panamá. Los canales diplomáticos se reanudaron en julio del 2014 con el cambio de autoridades en Panamá: véase nuestra breve nota sobre el episodio que dio origen a esa ruptura, publicada en Informa-tico. Uno de los últimos incidentes diplomáticos de Venezuela con un Estado de América Latina tuvo lugar en marzo del 2017 con la llamada a consulta del Embajador de Perú en Caracas (véase breve nota al respecto).

Nota 3: Un comunicado de prensa de Costa Rica emitido en los primeros días de enero del 2016 dio lugar a una fuerte reacción por parte de las autoridades venezolanas. Sobre este cruce de comunicados, remitimos al lector a nuestra breve nota editada en Ius360.

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Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica,

JULIO 30, 2017 05:28 PM

Costa Rica no reconoce y considera nulo e ilegítimo el proceso y resultados de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela País hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados.

El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, hoy 30 de julio.

Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales, a desconocer esos resultados y, al Gobierno de Venezuela, a recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional.

Costa Rica repudia y condena, una vez más, de la manera más categórica, la brutal, metódica y sistemática represión con que el Gobierno venezolano ha respondido a las protestas y manifestaciones sociales de los últimos meses.

Nuestro país se solidariza con el dolor que invade a las familias de las personas fallecidas, así como con los centenares de heridos y detenidos en Venezuela por defender las libertades fundamentales, la democracia y manifestarse legítimamente contra la represión.

El Gobierno de Costa Rica reitera su convicción de que la vía electoral es la única salida política, negociada y pacífica a la crítica situación que se vive en Venezuela.

La celebración de elecciones libres, secretas, directas, universales, con observación internacional e independiente, permitiría la transición democrática que tanto anhela el hermano pueblo de Venezuela.